Que la Fiscalía Anticorrupción informó que ha pasado de 77 a más de 600 carpetas judicializadas es, sin duda, un dato que debe reconocerse.
Sin embargo, en el combate a la corrupción las cifras no pueden quedarse únicamente en carpetas iniciadas, integradas o llevadas ante un juez.
Los morelenses necesitamos conocer cuántos de esos asuntos han derivado en vinculaciones a proceso, cuántos han llegado a juicio, cuántos han concluido con sentencias y, sobre todo lo más importante , CUÁNTO DEL RECURSO PÚBLICO SE HA RECUPERADO.
Tampoco resulta suficiente trasladar simplemente “el balón a la cancha de los juzgadores”. La procuración y la impartición de justicia tienen responsabilidades distintas, y cada institución debe responder por los resultados que corresponden a su ámbito de competencia.
Judicializar es un paso importante, pero no es el final del camino.
Morelos ha escuchado durante años denuncias, investigaciones y señalamientos contra servidores y exservidores públicos. Lo que la sociedad espera ahora son resultados verificables y rendición de cuentas.
Porque combatir la corrupción no se mide únicamente por el número de expedientes, sino por la capacidad del Estado para investigar eficazmente, acreditar responsabilidades, obtener resoluciones y recuperar lo que le pertenece a los ciudadanos.
Que sean más de 600 carpetas es relevante. Ahora queremos conocer sus resultados.