Pedro Martínez Bello
Los dirigentes de los partidos políticos han pintado su raya hacia sus presidentes municipales. Qué raro, porque bien que sabían de la relación que existe con la delincuencia organizada y recibían beneficios, incluso hasta del pago de campañas electorales de forma descarada.
El Operativo Enjambre evidenció que los órganos encargados de organizar los procesos electorales y quienes los califican actúan de manera omisa y cómplice en este tipo de asuntos, porque incumplieron con su función; dicho sea de paso, también deberían tener responsabilidad jurídica.
En los pueblos chicos las frases populares resaltan más que las versiones de las autoridades, que tratan de buscar una salida al problema de inseguridad en los municipios de Morelos.
Ejemplos hay muchos, y no es un hecho aislado el caso de dos presidentes municipales que tenían cercanía con las mafias delincuenciales, ya un exdelegado de la Fiscalía General de la República (FGR) había mencionado las investigaciones hacia ocho alcaldes vinculados con los criminales.
Hoy, Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, está prófugo y es buscado por el gobierno, lo mismo que el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, siglado también por los partidos de oposición que provino de la coalición PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.
Por otro lado, la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presidida por Mirsa Berenice Suárez Maldonado, se quedó muda con la detención de Arisbel Rubí Vásquez Amaro, consejera estatal del mismo instituto político.
Este tipo de asuntos ha dejado como consecuencia la caída previsible de su partido en el 2027, más aún que se viene un tremendo golpe económico para el pueblo con el aumento al pasaje.
Pero lo mismo pasa en el PAN con Daniel Martínez Terrazas, en el PRI con Eleasib Polanco Saldivar y en el PRD con Sergio Prado, así como su excandidata al gobierno estatal Lucia Meza Guzmán, quien impulsó a Jesús Corona Damián al cargo.
Entre la hipocresía, cinismo y desvergonzada actitud de los dirigentes partidistas, consejeros y magistrados electorales la pregunta es: ¿cuántos aspirantes a candidatos a cargos populares habrá con cercanía a la delincuencia organizada? Todos los partidos políticos pretenden el poder por el dinero público y el que les deja su relación con los grupos crimínales.
Finalmente, pareciera que tras la detención de Irving, Francisco y Rafael «El Gallo», los hermanos Sánchez Zavala tiemblan, porque también sabían de los actos del mayor de la dinastía, o ¿en esto también habrá el deslinde del dirigente del PAN y diputado local Daniel Martínez Terrazas?