Pedro Martínez Bello
El rezago de más de ocho mil expedientes sin atender en el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Cuernavaca, Morelos, es porque en su interior hay toda una red de familiares, que no quieren trabajar ni perder privilegios otorgados por los anteriores juzgadores y en común acuerdo con exmagistrados.
Es solo un caso de varios que seguramente habrá, donde secretarios de acuerdo, oficiales judiciales, actuarios y proyectistas, que además son hermanos, esposas, novias, cuñadas, tíos, etcétera, se dedican a boicotear los trabajos de los nuevos jueces, sin importarles si quiera la administración de justicia. Habría que denunciarlos, sin duda.
Por haber llegado a corregir esas malas prácticas y quitarles privilegios, surgieron las amenazas e intimidaciones contra la juez del Octavo Distrito, Beatriz Maldonado Hernández, por parte de esa red de familiares que mantienen secuestrado el PJF, lo irónico es que fueron ellos quienes presentan quejas contra la juez, su titular, porque no estaban dispuestos a perder sus canonjías.
Es así como presionaron al órgano visitador para que acudiera a revisar los trabajos de la juez de Distrito, y fue en ese momento donde los opositores aprovecharon para manifestarse al interior del juzgado y así tratar de exhibir todavía más a la juzgadora.
Lo que no dijeron los disidentes es que la juez les quitó los privilegios, como el horario de trabajo ilegal que tenían de 9 :00 a 15:00 hrs. (como si no hubiera rezago) y digo que es ilegal porque el Consejo de la Judicatura establece un horario de trabajo de 9 :00 de la mañana a 18:00 hrs., con una hora libre de tres a cuatro de la tarde para tomar los alimentos.
La juez se metió, sin querer, con una red de nepotismo que también decidía el trabajo asignado: se agarraban los expedientes más sencillos y aquellos con los que podían hacer negocios, mientras que, los difíciles los turnaban a los que no eran del equipo, decidían también sobre los tiempos de sus vacaciones, incluso hay dos secretarios de acuerdos, de los ocho que conforman el juzgado, que llevan meses de incapacidad, con un permiso médico para no ir a trabar, pero cobran y eso agrava más el rezago en la solución de casos, lo peor es que los dos incapacitados fueron los convocantes a la manifestación, según se observa en los vídeos.
Este tipo de privilegios que les fueron quitados a la red de familiares del Juzgado Octavo Distrito, exhibe las malas prácticas que imperan en el Poder Judicial de la Federación, que derivó en amenazas y manifestaciones con pancartas, porque los jueces que ingresaron bajo el voto ciudadano y considerados 4T han tratado de ordenar la casa.
Pero la resistencia a trabajar por parte de esa red de familiares, busca mantener, con actos intimidatorios, los privilegios que les otorgaron en el pasado en perjuicio de la administración de la justicia.