6 marzo, 2021

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De cómo el Alcalde de Cuernavaca evitó la prisión preventiva

Por: Carlos Quintero J.
Sábado 28 de noviembre.- A mí nadie me puede decir que recibí un peso. La gente que habla lo hace porque puede hacerlo- respondió el juez Isidoro Eddie Sandoval Lome al abogado, Jesús García Aguilar.
El discurso usado por el litigante para evitar que su cliente, el Presidente Municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán, fuera separado temporalmente del cargo encendió los ánimos del juez.
– Sea objetivo, no se ande confiando con lo que publican algunos medios falaces sobre cuestiones de este juzgador- respondió con un gesto simple de barrido de ojos, al postulante.
Y es que Jesús García pidió congruencia a Eddie Sandoval al recordarle un caso similar que había conocido, el de la exoficial del Registro Civil 1 de Cuernavaca Nuvia Castañeda.
Según García Aguilar el juez había aplicado el criterio de no inhabilitar a Nuvia Castañeda de su cargo pero estaba desinformado. Fue contraproducente porque evidenció su falta de profesionalismo.
Por eso Sandoval Lome despotrico contra él y aprovecho el momento para hablar también sobre información difundida en redes sociales.
Muy probablemente, el juez recordó un video en Facebook que cuestionó su calidad de juzgador. Era que él había recibido un soborno de 4 millones de pesos para resolver a favor del alcalde capitalino.
Pero retornando a la escena.
– Yo la separe del cargo pero volvió a ser reinstalada por el hecho de que no fue vinculada a proceso penal. El caso del Presidente Municipal es muy diferente- dijo el juzgador.
El Juez explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente Municipal sólo puede ser separado del cargo en caso de ser vinculado a proceso penal.
Al respecto, el articulo 111, párrafo ocho dice: “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separado de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal”.
Pero el trastabille argumentativo del abogado, comenzó desde la apertura de la audiencia celebrada el mediodía de ese viernes 27 de noviembre en la Sala 3 del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de Atlacholoaya.
Muy en su papel, Jesús García llegó ese día muy sobrado a la audiencia de formulación de imputación, con su equipo de trabajo. Mientras su cliente, Antonio Villalobos entró a hurtadillas por el estacionamiento del juzgado.
La encargada de Sala inició la diligencia a las 12:10 horas, pero antes de que Kenia Edrey Cortes Gómez, fiscal del caso, hablará para formular imputación, el abogado defensor interrumpió porque había “incidentes” que plantear.
Lo segundo Eduardo Rojas Resendiz, abogado defensor del subdirector de Protección Civil, Gonzalo Alberto Barquín Granados, también coimputado en el proceso penal.
El juez los miró incrédulo y les concedió la palabra. Primero, Jesús García argumentó que el Presidente Municipal tenía fuero constitucional y no tenía por qué ser juzgado. La audiencia debía de suspenderse.
También habló que existía un amparo, promovido pero desechado y un recurso de revisión. Refirió algunos datos de prueba que en su opinión el juez debería declarar nulos.
El juzgador lo interrumpió y le dijo no era el momento oportuno.
Mientras Eduardo Rojas se quejó de que la Fiscal no le permitió conocer todos antecedentes del caso, hacían falta por cotejar más de un centenar de fojas, de imágenes, audios…
El juez también lo acotó y estuvo a punto de separarlo de la defensa por falta de conocimiento en las técnicas de litigación. Según el juez pudo haber promovido recursos para solventar ese conflicto.
Eddie Sandoval resolvió:
– Ustedes quieren retardar está audiencia de manera injustificada con argumentos dilatorios, ociosos y sin fundamento- expresó.
Finalmente, la Fiscal del caso, Kenia Edrey Cortes formuló la imputación contra los dos servidores públicos por el delito de cohecho.
Al cabo del mismo, Antonio Villalobos y Gonzalo Barquín no quisieron ejercer su derecho a declarar. Después escucharon más de 40 datos de prueba en su contra y pidieron un plazo de 144 horas para su audiencia de vinculación a proceso.
Vino entonces la solicitud de la Cortes Gómez para la imposición de las medidas cautelares, y el juez decretó un tercer receso porque debía atender otra audiencia de juicio oral que se le había juntado.
Había trascurrido más de cuatro horas de audiencia.
Tanto personas del público como de las partes en conflicto salieron un momento de la Sala. Fue en el pasillo cuando la mirada de Antonio Villalobos confronto a Cristian Contreras Luna, la víctima.
El alcalde salía de la sala y Cristian Contreras hablaba con este reportero. Ambas miradas se cruzaron, Cristian y Antonio mantuvieron la vista, no hubo ninguna palabra sólo un profundo resentimiento.
Al cabo de 30 minutos, se reanudó la audiencia y la Fiscal presentó un informe al juzgador que daba cuenta del riesgo en que se encontraba Cristian y José Alberto, su hermano, por denunciar a los servidores públicos.
El 23 de noviembre, un policía identificado con el apellido de Guzmán, y escolta de Gonzalo Barquín había amenazado de muerte a Cristian cuando acudió a realizar un trámite a la Comisión Federal de Electricidad.
Aunado a lo anterior, Kenia Edrey Gómez argumento que existían otras nueve denuncias contra los servidores públicos imputados por los mismos delitos. No han sido judicializados por temor de las víctimas a represalias, explicó.
Por esos motivos, la Fiscalía Anticorrupción pedía la medida extrema de prisión preventiva en contra de Villalobos Adán y Barquín Granados.
Los abogados defensores pidieron que se negara la petición de la autoridad ministerial porque para ellos carecía de credibilidad esa versión. El abogado, Jesús Aguilar dijo que un Juez de Distrito había concedido un amparo al Alcalde.
El recurso era en el sentido de que el juez no podía aplicar la medida cautelar de prisión preventiva porque de hacerlo, el juez Eddie Sandoval, estaría cometiendo un delito.
Fue entonces que el juzgador se pronunció primero por cuanto a Barquín Granados, a quien le impuso la prisión sin condena, y ordenó su detención.
Antonio Villalobos corrió con suerte. La resolución debió de haber sido en el mismo sentido pero iba amparado en contra de esa medida cautelar.
Pero la salida de Antonio Villalobos Adán como Presidente Municipal de Cuernavaca puede ser tan súbita como su llegada. El próximo martes 1 de diciembre se definirá su situación jurídica.
Ese día se conocerá si es o no vinculado a proceso penal. Ante la posibilidad de ser sujeto a proceso penal, la Fiscalía Anticorrupción puede pedir la inhabilitación temporal de su cargo algo sin precedente en los últimos tiempos de Morelos.