José Robles
Con 77 votos a favor, y 30 en contra, el Senado aprobó en lo general y lo particular la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
Este martes, en la última sesión del periodo extraordinario de la Cámara Alta, fue avalado el proyecto presidencial que apuesta por mayor coordinación entre la federación y los estados en materia de combate a la delincuencia.
Al respecto del proyecto, la morenistas Lucia Trasviña, al presentar el dictamen señaló que se tratan de instrumentos jurídicos que:
«Recogen la experiencia institucional acumulada, pero sobre todo proyectan el rumbo estratégico que nuestro país necesita para consolidar la paz, fortalecer la justicia y recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. Un nuevo paradigma de seguridad pública».
Por lo que, según su dicho, la Ley cumple con el mandato constitucional del artículo 21.
«Al establecer con claridad las bases de integración, atribuciones y responsabilidades de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno esa nueva norma. Define el marco operativo de las mesas de paz y los consejos locales de seguridad como espacios de articulación territorial y toma de decisiones ejecutivas», comentó la morenista.
Sobre esta ley, y la que crea el Sistema Nacional de Investigación la Oposición se mostró dividida, incluso al interior, como fue el caso del PAN, que sufragó dividido con respecto a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública: Cortés, Esquivel y Téllez fueron en contra, en concordancia con el PRI.
Pese a ello, en dónde estuvieron de acuerdo fue en el despliegue, por parte de Acción Nacional, de una manta que reza «gobierno espía»; Morena respondió con una sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.
Tras una muy breve discusión de las reservas, todas desechadas por el bloque mayoritario, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada en lo particular por 77 votos en favor y 30 en contra.
Ahora fue turnado a la presidenta a la titular del Ejecutivo Federal para su promulgación.
La nueva ley establece los mecanismos de coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad de los 3 niveles de Gobierno en el combate a la inseguridad.
Se integra a la Guardia Nacional al sistema, además regulará a los centros de comando y control, así como los fondos de ayuda federal a los estados y municipios, que pueden ser suspendidos por incumplimiento.
Además, se eliminó la intención de crear un registro de telefonía móvil que quedaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, idea que fue fue criticada por la Oposición.
Crea el Sistema Nacional de Información que registrará armamento, así como detenciones e incidencia delictiva pero considera dicha información como *reservada*.
Para la Oposición esta ley, y la que en estos momentos se discute, lo que busca Morena es la instauración de un *Estado policial y militar*.
Por ejemplo, para el priísta Miguel Riquelme esta Ley:
«Busca destruir las instituciones, consumar la desaparición de organismos autónomos y conducir al Estado mexicano hacia el autoritarismo, el espionaje institucional, la militarización, y concentración del Poder».
En respuesta, el morenista Enrique Inzunza subrayó que con ambas legislaciones se supera el «modelo reactivo de respuesta».
«Que veía en la prevención de delitos una circunstancia prácticamente casual de las policías (…) no había en el Estado mexicano un ordenamiento que permitiera las facultades para efectos de articular las inteligencias con la prevención y persecución del delito», indicó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Redacción InfoAgenda