Pedro Martínez Bello
Lo expresado por el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, sobre la presencia de células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de la región sur del estado, confirma lo que siempre hemos dicho: existe colusión con autoridades municipales.
Cómo es en el caso de la región oriente, en la que el jefe de plaza «El Barbas», es muy evidente que cuenta con el apoyo del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, y algunos de sus pares de la zona.
Pruebas de lo anterior es el video donde conviven muy alegremente y hasta echan la copa.
Todos en Cuautla saben que el presidente municipal tiene una cercanía con el líder delincuencial, ya que no solo ha sido una reunión social, sino varias.
Y por supuesto hay más, porque actualmente la ciudad de Cuautla tiene el primer lugar en extorsión hacia el comercio y sacerdotes católicos, al transporte colectivo, balaceras, asaltos y un sin fin de delitos que son, casualmente, achacados al cártel que encabezó “El Mencho».
Por eso, aun y cuando se deslinde el Partido Acción Nacional (PAN) del edil cuautlense, Jesús Corona Damián, no pueden, ya que fue su candidato en alianza con el PRI, PRD y Redes Progresistas, a propuesta de su entonces candidata al gobierno estatal, Lucy Meza, quienes resumían haber ganado la segunda ciudad más importante de Morelos.
Mientras haya alcaldes ligados con el crimen organizado, solo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) estamos lejos del retorno de la paz en el estado de Morelos.
Por eso es urgente que en la entidad haya un operativo enjambre, porque hay muestras muy claras del involucramiento de la clase política con grupos delincuenciales y la voz popular cada vez grita desesperada por ayuda, ya que a diario la extorsionan, pero pareciera que la FGR está sorda, y más las autoridades de Seguridad Pública.
Y con la detención de Edgar «N» o El Contador», operador financiero de Júpiter Araujo, la Fiscalía General de la República tiene más elementos para enjaular a presidentes municipales, diputados locales y federales, así como otros servidores públicos que tienen ligas con la delincuencia organizada.
De seguir con la presunta investigación sin detener a nadie, la FGR está convertida en una institución burocrática y no operativa, porque quien hizo las detenciones de los integrantes del cabildo de Amacuzac fue la
Fiscalía General del Estado de Morelos, por medio de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).