Por: Dr. Adrián Román Hernández
El pasado 11 de Febrero, el Senado aprobó la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, responde a una demanda histórica de la clase trabajadora y busca alinear a México con estándares internacionales. La OIT, a través de su Recomendación 116 y diversos informes, ha señalado que la reducción progresiva de la jornada a 40 horas es una meta clave para el progreso social y que los países más productivos suelen registrar menos horas de trabajo semanales. La OCDE ha destacado que México se encuentra entre los países con mayor carga laboral y menor productividad por hora, lo que sugiere la necesidad de desvincular la productividad del número de horas trabajadas.
Ahora bien, se reformaron las fracciones IV y IX del apartado “A” del artículo 123 de la constitución, efectuando la reducción en mención y ampliando la jornada extraordinaria de 9 a 12 horas extras semanales, siendo pagadas al 200% del salario por hora y si se excediesen, al 300% de salario del salario por hora. Se mantiene que, por cada 6 días de trabajo, los trabajadores disfrutarán de 1 de descanso con pago de salario íntegro.
El régimen transitorio de la reforma señala tres aspectos importantes, la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual: en 2026 la jornada será de 48 horas; en 2027, de 46 horas; en 2028, de 44 horas; en 2029, de 42 horas y hasta el 2030 las 40 horas. El otro aspecto es que se garantizará que la disminución de horas no implicará una reducción de salario, ni de prestaciones para los trabajadores, lo que evitaría abusos de los patrones. Finalmente, el Congreso de la Unión tendrá 90 días a partir de la promulgación de la reforma constitucional para realizar los cambios necesarios a la Ley Federal del Trabajo.
Por supuesto, la reducción de la jornada laboral promete beneficios en la salud física y mental para los trabajadores al disminuir la fatiga, el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes laborales. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han señalado científicamente que las jornadas prolongadas son un mayor riesgo de infartos, derrames cerebrales y agotamiento profesional conocido como “burn out”. Además, un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo favorece la cohesión familiar y el autocuidado. El pago de las horas extra (al doble y triple) incentiva la compensación justa por el tiempo adicional laborado, y la prohibición de horas extra para menores de edad refuerza la protección de los grupos vulnerables. Por otro lado, el incremento de horas extras pareciera un retroceso, pues obviamente pese a existir una prohibición, sería un pretexto entonces en pagar simplemente al patrón burlando entonces la prohibición original.
En algunos foros se ha señalado que algunos trabajadores, especialmente en sectores donde las propinas o el pago por hora extra representan una parte significativa del ingreso, podrían ver afectada su remuneración si las empresas optan por reducir las horas extra disponibles en vez de contratar más personal. Además, la reforma no amplía el descanso semanal a dos días pues la constitución la sigue sosteniendo, lo que ha generado críticas de sindicatos y legisladores que consideran insuficiente el cambio para garantizar el objetivo del mayor descanso del trabajador. Existe también el riesgo de que, en sectores con alta informalidad, la reducción de horas no se traduzca en mejores condiciones reales, sino en esquemas de mayor informalidad.
Las empresas pueden beneficiarse de una fuerza laboral más descansada, motivada y productiva, lo que reduce la rotación, el ausentismo y los errores asociados al agotamiento, previendo riesgos de trabajo. La reforma puede ser un incentivo para modernizar procesos, invertir en tecnología y adoptar esquemas de trabajo más eficientes, sin embargo, en experiencias de otros países no necesariamente la reducción de jornada hace que haya más productividad. Además, la implementación gradual permite planificar la transición sobre todo en el aspecto económico para los patrones.
El principal desafío es el incremento de los costos laborales para los patrones, estimado entre un 10% y un 36% dependiendo del sector y la estrategia adoptada (pago de horas extra o contratación de personal adicional). Las MiPyMEs, que constituyen el 99.8% de las unidades económicas, son especialmente vulnerables, ya que operan con márgenes reducidos y menor capacidad de absorción de costos. Por otro lado, la obligación de implementar un registro electrónico de la jornada implica inversiones en sistemas y capacitación administrativa. Además, la presión sindical es un aspecto importante.
La reforma constitucional en aras reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales en México constituye un avance histórico en la protección de los derechos laborales y el bienestar de la clase trabajadora.
Su implementación gradual, el fortalecimiento de la regulación de horas extra y la obligación de registro electrónico son elementos clave para su éxito. No obstante, el reto es considerable: las MiPyMEs y los sectores con operación continua enfrentan incrementos significativos en los costos laborales y la necesidad de reorganizar procesos y turnos. Ahora la cámara de diputados tiene la última palabra y después los congresos de los estados CARPE DIEM.