La captura de Nicolás Maduro: Justicia acelerada o precedente peligroso?

Por Gibran Haro

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el mundo despertó con una noticia que, por su escala y simbolismo, ya es parte de la historia contemporánea: Donald Trump anunció un “ataque a gran escala” en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido extraídos del país para enfrentar cargos en tribunales estadounidenses.

A la par, la vicepresidenta venezolana aseguró no conocer el paradero ni la condición de Maduro y exigió “pruebas de vida”.

El debate, entonces, no es solo “qué pasó”, sino qué significa y si puede justificarse. Y aquí conviene una comparativa realista: ¿qué ventaja produce la captura frente a otras rutas (sanciones, negociación, justicia internacional) y por qué, desde el ángulo de Washington, EU “estuvo correcto”?

1) Ventajas comparativas de la captura: el “factor tiempo” y el “factor impunidad”

A. Captura vs. sanciones (largo plazo)

Las sanciones han sido, por años, el instrumento preferido: ahogan recursos, presionan élites y buscan fisuras. Pero suelen traer dos efectos colaterales: el régimen se adapta y la población paga el costo (migración, deterioro social, economía informal). Además, el poder se encapsula: los círculos de control sobreviven con nuevas rutas de financiamiento.

La captura rompe el ciclo de adaptación, porque altera el vértice del mando en horas, no en años. Se interrumpe de golpe la capacidad del líder de ordenar represión, coordinar redes ilícitas o administrar el aparato coercitivo.

B. Captura vs. negociación (incertidumbre)

La negociación ofrece legitimidad y transición pactada, pero depende de un supuesto: que el líder tenga incentivos reales para ceder. Cuando el costo personal es cárcel o persecución, el incentivo suele ser atrincherarse.

La captura, en cambio, elimina el incentivo a dilatar. Pero cobra otro precio: puede disparar resistencia interna, retaliaciones y una crisis de sucesión.

C. Captura vs. justicia internacional (legitimidad)

La vía ONU es más robusta en legitimidad, pero lenta. La Corte Penal Internacional mantiene abierta la situación “Venezuela” y los mecanismos de la ONU han documentado patrones graves de violaciones.
El problema es operativo: investigar no es detener.

Desde el punto de vista de quienes exigen rendición de cuentas inmediata, la captura es “efectiva”; desde la óptica del derecho internacional clásico, puede ser “expedita pero cuestionable”.

2) Por qué EU afirma estar “correcto”: tres argumentos centrales (y por qué son persuasivos)

1) “Aplicación de la ley”: cargos penales y lógica de persecución criminal

Estados Unidos no presenta este hecho (según reportes) como un simple cambio de régimen, sino como la ejecución de una agenda de justicia penal: Maduro enfrenta acusaciones históricas de narcoterrorismo y tráfico de drogas, formuladas desde 2020 por el Departamento de Justicia.

Bajo ese marco narrativo, Washington sostiene: “no capturamos a un presidente; detenemos a un imputado de alto impacto”. Políticamente, ese encuadre busca convertir una acción militar en una acción de cumplimiento.

2) “Protección regional”: seguridad, crimen transnacional y disuasión

El argumento de seguridad nacional se potencia cuando se conecta a crimen transnacional. Y en los reportes del día, el operativo aparece como culminación de una escalada (presión, interdicciones, bloqueos petroleros) que venía tensando la región.

En términos estratégicos, EU también envía un mensaje disuasivo: “si un liderazgo es percibido como amenaza grave, podemos actuar”. Esa disuasión puede contener a algunos actores; pero también incentiva a otros a militarizarse o a buscar padrinazgos externos.

3) “Fin de un ciclo autoritario”: legitimidad política por el historial de abusos

El fundamento moral se sostiene en el expediente acumulado sobre represión, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas. La ONU, vía sus mecanismos, ha documentado violaciones graves y patrones represivos en Venezuela en distintos periodos.

En ese sentido, EU busca ocupar el terreno ético: “si el sistema internacional no logra frenar abusos, alguien debe cortar la impunidad”. Para una parte del público, ese argumento es contundente porque responde a una frustración real: la impunidad prolongada.

3) La objeción inevitable: legalidad internacional y el riesgo del precedente

Aquí está el núcleo duro del debate: la prohibición del uso de la fuerza y el principio de soberanía. La Carta de la ONU ordena a los Estados abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado, salvo excepciones reconocidas.

Por eso, aun si el objetivo era “justicia”, el método genera un dilema:
• Si se normaliza que una potencia capture jefes de Estado por acusaciones penales propias, se abre la puerta a acciones similares por otros actores con estándares más laxos.
• Además, el costo humanitario inmediato es real: reportes hablan de explosiones en Caracas, impactos a infraestructura y temor a escaladas.

4) Conclusión: ¿ventaja real? Sí. ¿correcto sin matices? Depende del estándar que el mundo quiera imponer

Si el objetivo es efectividad inmediata, la captura tiene ventajas claras: reduce la capacidad de mando del régimen, acelera la rendición de cuentas y puede abrir una ventana para reordenar la transición.

Si el objetivo es construir un orden internacional predecible, el precedente es peligroso: debilita la regla general contra el uso de la fuerza y puede justificar “capturas” futuras con menos sustento moral o jurídico.

La pregunta final para la comunidad internacional no es solo si Maduro debía responder por acusaciones graves (eso es ampliamente debatido desde hace años), sino quién decide el método, con qué límites, y qué reglas quedan después.

Si no era de esta manera, entonces como ?

Por lo que nos queda observar para que el tiempo y la historia sean los encargados de narrar, si fue una decisión correcta .

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