Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que el acoso sexual representa “el rostro más cotidiano de la violencia machista” y subrayó su normalización en espacios públicos, laborales, educativos y digitales.
Actualmente, el Código Penal estatal establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, las cuales señaló resultan insuficientes y de difícil aplicación.
La propuesta legislativa plantea: Elevar las penas de tres a seis años de prisión; aumentar las multas de 500 a 1,000 días; incorporar agravantes cuando el delito sea cometido: en espacios públicos o de transporte, por servidores públicos, docentes o empleadores, o cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres mayores, personas con discapacidad, o exista reincidencia.
Con estas reformas, la diputada busca que el Estado envíe un mensaje firme contra esta conducta, fortaleciendo la protección y el acceso a la justicia para las mujeres.
La segunda iniciativa presentada responde a una de las violencias más profundas y menos visibles: la violencia institucional, ejercida desde estructuras del Estado mediante omisiones, negligencias, abusos de poder o tratos discriminatorios.
La diputada propone: Incorporar un tipo penal específico de violencia institucional contra las mujeres en el Código Penal de Morelos; establecer sanciones como prisión, multas, suspensión, destitución e inhabilitación para servidoras y servidores públicos responsables; implementar el Violentómetro Institucional, una herramienta analítica de seis niveles que permite identificar, medir y clasificar actos de violencia cometidos desde instituciones gubernamentales.
Los niveles abarcan desde prácticas de minimización y negligencias, hasta la violencia estructural, la filtración de datos, la obstrucción de procesos legales y, en su grado extremo, conductas institucionales que contribuyen a daños irreparables, incluidas desapariciones o feminicidios.
La diputada recordó que, de acuerdo con datos del INEGI, el 76% de las mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia institucional, lo que evidencia la necesidad de una respuesta clara, medible y sancionable por parte del Estado.
“Morelos tiene una deuda histórica con las mujeres. Estas iniciativas no solo reconocen la violencia, sino que permiten medirla, sancionarla y prevenirla, para avanzar hacia un estado más justo y seguro”, afirmó.
Con la presentación de estas dos iniciativas, la diputada Melissa Montes de Oca refrenda su compromiso con la agenda de género y con la construcción de un marco jurídico que garantice la protección integral, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia para todas las mujeres en Morelos.