Pedro Martínez Bello
En el año 2013 la Quincuagésima Primera Legislatura local propuso regular las concesiones y cobros de grúas y corralones del gobierno del estado de Morelos y los ayuntamientos, pero la iniciativa fue retirada por intereses de algunos en esos negocios.
A la Cuadragésima Séptima Legislatura local ((1997-2000) no les alcanzó el tiempo por sacar el juicio político contra Jorge Carrillo Olea, dar el derecho a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y crear el Instituto Estatal Electoral (IEE, entre otras reformas legales que dejaron a la entidad como un modelo de modernidad en materia legal.
Desde entonces las quejas de la ciudadanía por los abusos en el cobro de grúas y corralones eran incontables, pero había omisión en escuchar a la sociedad, porque las concesiones son otorgadas a familiares de diputados locales o federales, presidentes municipales, síndicos y regidores, claro está con una comisión del 20 por ciento de lo ingresado.
Hay cabildos que exigen ademas de esta comisión, un porcentaje sobre los ingresos por piso y el traslado de automotores a los depósitos, también por el robo de autopartes a los vehículos ingresados y otros más.
Incluso en la recuperación de autos avisan a las víctimas de dos a tres meses sobre el acto, porque abusan de la víctima a quien prácticamente también solo entregan parte del auto, porque ya robaron la computadora, piezas del motor, espejos y demás.
Esas son algunas de las irregularidades detectadas en el abuso del pago de grúas y corralones en Morelos, que han llenado de denuncias al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), pero ahí la corrupción y la complicidad con los propietarios de ese negocio hacen que los expedientes se «pierdan» o bien retarden los procedimientos jurídicos.
Y si la gobernadora Margarita González Saravia y los diputados le van a entrar al tema de la regularización de grúas y corralones que no sea por el interés electoral de los tiempos que se viven, sino a favor de la sociedad.