Pedro Martínez Bello
Política Disruptiva
La extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) o agencia de colocación de militantes de partidos políticos, prácticamente se concretó en el año 2010, cuando el entonces diputado panista Óscar Sergio Hernández Benítez junto con su bancada decidieron quitarle facultades y convertirlo en un refugio de militantes de su partido.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) decidió que las multas por opacidad fueran solamente llamadas de atención y quedara sin ser sancionadas la Quincuagésima Legislatura local, el Poder Ejecutivo y la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), entre otras instituciones.
Aunque faltaban dos años para concluir el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, los panistas sabían que la alcaldía de Cuernavaca no sería del PAN, ni la mayoría de las entonces 30 curules y mucho menos el Ejecutivo estatal, porque el partido estaba lejos de las preferencias electorales ciudadanas
Tal como fue, un año antes habían perdido Cuernavaca con el priista Manuel Martínez Garrigós, igual perdieron la hegemonía dentro del Congreso local y sabían que se despedirían del gobierno de la entidad.
En la Quincuagésima Tercera Legislatura estatal con Graco Ramírez en el gobierno, la mayoría de la Cámara de Diputados fue del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que hizo del IMIPE el negocio con las alianzas partidistas, y en la elección de comisionados los cargos fueron repartidos entre la familia Yáñez Moreno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, panistas y priistas, olvidándose de la transparencia en el uso de los recursos financieros del pueblo.
Desde entonces los aviadores fueron esposas, hermanos, hijos, primos y demás cercanos a los diputados, como sucedió hasta el viernes pasado que fue desaparecido.
El IMIPE fue refugio de aventureros en la política y servicio público, o busca chambas doradas como es el caso de su actual presidente y muchos más.
Al desaparecer el IMIPE y ser, a partir del próximo año, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no es una garantía para acabar con la opacidad o la corrupción en todo el servicio público estatal y municipios, así como organismos descentralizados como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actualmente presidida por una mujer señalada por incurrir en evidentes actos de corrupción, muy cercana a los esposos del mal: Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda.
Se espera que la nueva secretaría sea la misma gata, pero ahora con un baño de «agua purificada» expiada, más aún si queda al frente la actual contralora Alejandra Pani, que actúa más como comandante de la policía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
No hay garantía de terminar con la corrupción y la opacidad en el manejo del dinero del pueblo, si Pani queda en el cargo será una pantomima como lo hicieron con la reforma judicial del estado.
Sin duda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será como el IMIPE un refugio de militantes de los partidos políticos, amantes, o la familia de los integrantes de la representación popular de Morelos, si no ponen a alguien capaz y no solo leal porque la capacidad no tiene género ni partido político: queda en apuesta, y la ganaré sin problemas.