6 mayo, 2021

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Inconstitucional, condicionar cambio de nombre sin presentar probatorios: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 70, fracción I, del Código Civil para el Estado de Puebla, en la parte en la que condiciona el derecho de la persona a modificar su nombre, pese que haya usado de manera constante en su vida social y jurídica uno distinto al que aparece en su registro, a que presente documentos indubitables e inobjetables, respaldados, en su caso con cualquier otra prueba.

La Corte consideró que dicho ordenamiento es una restricción innecesaria y desproporcional. El caso se deriva de un juicio en el que una persona afirmó usado otro nombre y apellidos en su vida pública y privada, y al no tener contacto con su padre biológico, tomó los apellidos del esposo de su madre.

Por lo cual decidió pedir la corrección de su nombre pero su petición fue desechada en primera instancia, en la apelación y un aparo promovido ante un tribunal colegiado.

La Primera Sala de la Suprema (que revisó el caso) señaló que la medida persigue una finalidad válida como que una persona no efectúe la modificación de su nombre de manera fraudulenta por simple voluntad, “lo cierto es que no hay una justificación razonable para que la procedencia de la petición se sujete exclusivamente a pruebas documentales. De hecho, la propia legislación civil del Estado de Puebla permite ofrecer todo tipo de pruebas siempre que no sean contrarias a la moral y el derecho”.

De ahí que la Primera Sala señaló que, considerar lo contrario, conllevaría a que muchos casos quedaran excluidos injustificadamente solo por no contar con esos documentos a pesar de tener otras pruebas que puedan generar plena convicción sobre la realidad a la cual pretenden cambiar su nombre; la Sala subrayó que la medida es desproporcionada y gravosa, pues impide garantizar el derecho a la modificación del nombre de una persona, al exigir presentar indefectiblemente pruebas documentables y, además, indubitables e inobjetables.

Por todo lo anterior, la Primera Sala revocó la sentencia y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado para que emita una nueva resolución en la que consideré la determinación y las demás pruebas ofrecidas por la persona en el juicio de origen, particularmente la prueba testimonial.

Antecedente

En 2010, un ciudadano solicitó la rectificación de su acta de nacimiento al Registro Civil y al Agente del Ministerio Público correspondiente, para que mediante sentencia en firme se modificara la anotación de su apellido paterno, que fue anotado de manera compuesta, y debería subsistir uno de ellos.

Al año siguiente, un Juez de lo Familiar en Aguascalientes dictó sentencia, mediante la cual se declaró improcedente su pretensión, por lo que la ciudadanía promovió un juicio de revisión, el cual también fue desechado. En septiembre de 2011 la quejosa interpusó un recurso de revisión, ya que -señaló en su recurso- se le ocasionó un trato desigual y discriminatorio ya que no pudo disfrutar del derecho fundamental a un nombre, que le dé certeza a su identidad.

Por lo anterior, en enero de 2012 fue retomado el caso por la Primera Sala de la Suprema Corte, y el entonces ministro, José Ramón Cossío Díaz presentó su proyecto de revisión.

El proyecto del ministro ponente fue “Contenido y alcance del Derecho al Nombre”, por medio del cual la Primera Sala señaló que la Constitución Mexicana garantiza el derecho al nombre, que este no puede negarse ni siquiera en “los estados de excepción”, y por ende, el derecho al nombre incluye su modificación, “misma que puede estar reglamentada en la ley a efecto de evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique actuar de mala fe, se contraríe a la moral o se busque defraudar a terceros”.